"¿Quién soy yo?" El impacto psicológico y el limbo legal de los bebés robados

Un total de 38 denuncias se han presentado en Aragón por casos de bebés robados. Estas víctimas están en un limbo jurídico, sin reconocimiento de estos delitos. Esta semana hubo una jornada de estudio en la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Zaragoza. El Observatorio de Desapariciones Forzadas de Menores establece tres periodos de estos robos de recién nacidos, entre 1938 y 1996.

Además, en Aragón, Ana Mancho, investigadora y profesora de la Universidad de Zaragoza, ha documentado varios testimonios para el archivo audiovisual de casos de niños robados, con fondos de la Diputación Provincial de Zaragoza y el Gobierno de Aragón. Estas personas buscan a sus familias, haciendo frente a un fuerte impacto psicológico.

Explican desde este Observatorio que, durante el Franquismo, hubo una represión ideológica contra las mujeres republicanas y sus descendientes y se crearon tres patronatos: el de la Merced, el de Protección de la Mujer y el de San Pablo para controlar tanto a mujeres presas como a sus hijos y huérfanos y su reeducación bajo la ideología del nacional - catolicismo.

Un sistema represivo que retiraba a los bebés de sus madres, que eran entregados en adopción o era registrados como biológicos de otras familias. Neus Roig, la presidenta de este Observatorio, explicó que "el problema es que muchos de estos hijos están registrados como hijos biológicos; entonces, si no se lo dice alguien de la familia ni lo saben, porque a nivel documental es como si hubieran nacido en esa familia".

Después, "sí que hay muchos que están como adoptados pero cuyas adopciones son irregulares". Las madres "no tenían derecho a ver a la criatura recién parida y tenemos un limbo legal que tenemos que solucionar como sea".

Solo las comunidades autónomas de Canarias y Cataluña han desarrollado leyes específicas, y que buscan "los reencuentros familiares, que es el único punto que nos interesa", señala Roig. "El castigar a un médico, que entre en la cárcel, con 90 años, no nos soluciona nada" sino que "lo que nos soluciona es que ese médico diga a quién entregó la criatura y se pueda hacer un reencuentro familiar".

Una red de negocio que sobrevivió a la dictadura y que continuó durante la democracia. Según este Observatorio, hasta 1996.

Dos tipos de víctimas

Hay dos tipos de víctimas: las madres y familias a las que arrebataron los bebés, y los hijos, que no saben cuál es su verdadera historia. Lo que comparten es el fuerte impacto psicológico que supone.

Para las madres, a las que se les hizo creer que sus bebés nacieron muertos - y a las que no se les permitía ver el cadáver - es un trauma que arrastran toda la vida. Jesús Sebastián, miembro del taller de investigación de identidad y filiación, apunta que "son mujeres que quedan toda la vida con eso en la cabeza, dándoles vueltas, y torturándolas hasta que llega un momento o alguna circunstancia que les hace darle un cierto estatuto de certeza de ese recuerdo y deciden empezar a buscar" y entonces "se produce un cambio muy importante, de revitalización de esa persona, que ha quedado en situaciones de franca depresión".

Y para los que descubren que fueron bebés robados, las dudas se multiplican, "hasta el punto de ir al espejo a mirarse, para volver a reconocerse" y se preguntan "¿Quién soy yo? ¿Qué soy yo?" De hecho, "hay un impacto muy fuerte en relación a la identidad y a la afiliación ¿Quiénes son sus padres?"

Sin legislación estatal

Desde el punto de vista jurídico, queda mucho por hacer. En el Senado, Esquerra Republicana impulsó la pasada legislatura una ponencia de estudio sobre la sustracción ilegal de recién nacidos.

Las elecciones de julio suspendieron la redacción de las conclusiones para plantear las modificaciones legislativas y el cambio de mayorías en la cámara alta hizo el resto, "y no tiró adelante el retomar esos trabajos que quedaron pendientes y ahí estamos", señala la senadora Laura Castel, de ERC, que participó en este sesión de trabajo en la Universidad de Zaragoza. "Tenemos una serie de recomendaciones, de expertos muy interesantes, pero no pudimos aprobar los trabajos de la ponencia".

Confía en presentar una proposición no de ley y buscar el máximo consenso posible para que estas víctimas sean reconocidas.