La Comunidad de Madrid cree que el Ayuntamiento de Fuenlabrada busca “excusas administrativas” contra el centro de menores

Después de que la Comunidad de Madrid anunciara esta semana una inversión de casi 7 millones de euros para abrir un centro de menores extranjeros no acompañados en Fuenlabrada, en el polígono industrial La Cantueña, el Ayuntamiento se apresuraba a mostrar su “sorpresa e indignación”, especialmente porque el edificio elegido fue cedido por el Ayuntamiento para usos de difusión ambiental.

Fuenlabrada cree que la Comunidad incumple el convenio, amenaza con ir a los tribunales, pero la consejera de Asuntos Sociales, Ana Dávila, insiste en que el centro es muy necesario por la altísima demanda de acogimiento que tiene Madrid, acusa al Gobierno de España de no colaborar y afirma que legalmente pueden modificar el uso del edificio para transformarlo.

Dávila recuerda que en el primer trimestre del año la Comunidad de Madrid ha recibido 1.000 menores extranjeros no acompañados, lo mismo que en todo 2023, por lo que desde octubre reclaman “más recursos, planificación e información” al Gobierno de España. Por eso justifica el nuevo centro que prevé que pueda estar listo, tras acondicionarlo, a finales de año.

Con respecto a la ubicación, en un polígono industrial muy alejado del casco urbano, la consejera ha señalado que es el único edificio que reúne todas las condiciones para ser acondicionado y que, no obstante, cuenta con conexiones por transporte público.

Por su parte la primera teniente de alcalde de Fuenlabrada, Mónica Sebastián, reclama que la estrategia de acogimiento se aborde de manera conjunta entre Comunidad y Ayuntamientos. Califica de “ocurrencia” la decisión regional y aboga por que el Gobierno de Ayuso se siente a negociar con los ayuntamientos y buscar soluciones conjuntas, diseñando un modelo que dé solución a la ubicación de estas instalaciones.

La concejala insiste en que la decisión del gobierno regional ha sido “impuesta de manera unilateral” y sin contar con el Ayuntamiento. De momento, el Ayuntamiento estudia sus posibilidades legales para acudir a los tribunales y “defender” su autonomía, si la Comunidad de Madrid no desistiera en su intención de instalar el centro de menores inmigrantes en Fuenlabrada.