La Fiscalía pide el archivo de las querellas por revelación de secretos en el caso del novio de Ayuso

La fiscal María de la O Silva ha pedido al Tribunal Superior de Justicia de Madrid que ha acumulado las querellas por revelación de secretos contra el Ministerio Público, presentadas por el colegio de abogados madrileño y la pareja de Ayuso, que archive ambos procedimientos.

La fiscal, que redacta su escrito "por expresa indicación" de la Teniente Fiscal del Supremo, quien tras la favorable Junta de Fiscales de Sala le ordenó que reclamase el sobreseimiento de las actuaciones, relata que "es notorio que no hay un solo indicio que apunte a la comisión de un delito de revelación de secretos" con la publicación de la nota de prensa que certificaba que había sido Alberto González quien había solicitado un acuerdo de conformidad sobre sus delitos fiscales y no al revés.

No había ningún secreto que revelar

Añade que tampoco existe un solo dato que permita afirmar que fue la Fiscalía quien filtró el correo electrónico del abogado del novio de Ayuso, avanzado por la Cadena SER y que confirmaba que había sido el letrado de la pareja de la presidenta quien planteó un acuerdo de conformidad. En este sentido, la fiscal cita numerosa jurisprudencia del Supremo donde avala que la mera publicación de una información reservada como un correo electrónico, no es suficiente para la apertura de un procedimiento penal, sino que debe existir un elemento objetivo que lo vincule con el origen de la filtración, que en este caso no figura.

La fiscal María de la O Silva asevera que no hay delito de revelación de secretos con la publicación de la nota de prensa que sirvió para verificar los hechos, porque las informaciones que contenía ese comunicado ya habían sido publicadas por diferentes medios, con lo que no quedaba secreto alguno por revelar.

Del "bulo" de El Mundo a las "falaces" informaciones de Vozpópuli y Libertad Digital

La fiscal califica hasta en tres ocasiones de "bulo" e información "falaz", la publicación del diario El Mundo, previa a la nota de prensa, que atribuyó a la Fiscalía la oferta de un pacto de conformidad con el novio de Ayuso por sus delitos fiscales, cuando sucedió justo lo contrario

Mentira que repitieron y alimentaron otros medios como Vozpópuli y Libertad Digital, y que desmintió aquella noche la Cadena SER, con la publicación del contenido del correo electrónico en el que el abogado de la pareja de Ayuso reconocía que "ciertamente" se habían cometido dos delitos fiscales y proponía un acuerdo de conformidad.

Alberto González mintió sobre la SER

María de la O Silva destaca que Alberto González Amador mintió en su querella sobre la Cadena SER cuando afirmó que esta cadena de emisoras había asegurado "que la Fiscalía le había mostrado ese email". La fiscal expone al respecto que esa afirmación "resulta del todo falsa" y se trata tan solo de una "conjetura realizada por el querellante que carece de toda base fáctica, pues lo cierto es que no aporta un solo indicio a propósito de dicho particular. Mucho menos acerca de las razones por las que se concluye que la filtración del correo electrónico pudo ser realizada por alguno de los querellados".

Libertad y derecho a una información veraz

La fiscal incide en que el ejercicio de la libertad de información y el correlativo deber de traslación veraz de un hecho noticiable a la sociedad "no es competencia exclusiva" de los medios de comunicación, sino que representa "un mandato" del Ministerio Fiscal que por tanto estaba obligado a publicar la nota de prensa ante las mentiras difundidas y la exigencia de explicaciones que demandaban una información real.

Una nota de prensa emitida por la Fiscalía Provincial de Madrid en la que "se limitó a proporcionar información veraz a la información pública sin desvelar datos, hechos o documentos" que no hubiesen sido desvelados ya por otros medios.

Investigación prospectiva

La fiscal reclama el archivo porque la apertura de un procedimiento penal en este caso a través de la admisión a trámite de la querella y la consiguiente imputación de los dos fiscales de Madrid querellados, suponía la apertura de una investigación criminal "de todo punto prospectiva" y por tanto "vedada" en el ordenamiento jurídico español.